El diseño actual del permiso de paternidad en México resulta insuficiente para promover una distribución más equitativa de las tareas de cuidado y, además, carece de mecanismos de medición que permitan evaluar su impacto, afirmó la investigadora Sherlyn Muñoz, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
En un análisis publicado por el IMCO, Muñoz sostiene que la legislación mantiene una marcada diferencia entre los derechos de madres y padres trabajadores. Mientras las mujeres cuentan con una licencia de maternidad de 12 semanas, los hombres únicamente tienen derecho a cinco días de permiso con goce de sueldo tras el nacimiento de un hijo o hija.
La investigadora explica que esta diferencia no solo implica tiempos distintos para el cuidado, sino también un esquema de financiamiento desigual. Señala que la licencia de maternidad se cubre mediante el fondo de Enfermedades y Maternidad del IMSS, financiado con aportaciones de empleadores, trabajadores y gobierno, mientras que el permiso de paternidad es pagado en su totalidad por las empresas.
De acuerdo con el análisis, esta diferencia genera incentivos para que algunos empleadores incumplan la prestación, ya sea solicitando a los trabajadores utilizar días de vacaciones o simplemente omitiendo otorgar el permiso. “La asimetría en el financiamiento no es un detalle técnico, determina si el permiso existe en la ley o también en la práctica”, señala Muñoz.
El IMCO estimó que trasladar el permiso de paternidad a un esquema de financiamiento tripartito, similar al de la licencia de maternidad, tendría un costo anual de aproximadamente 1,659 millones de pesos, considerando a unos 509 mil padres con empleo formal que potencialmente ejercerían este derecho. Esa cifra representa alrededor de 0.01% del Producto Interno Bruto (PIB).
La organización también advierte que el beneficio actualmente alcanza únicamente a trabajadores del sector formal, por lo que tres de cada cinco hombres ocupados quedan excluidos del permiso.
Otro de los problemas identificados por la investigadora es la ausencia de información estadística confiable. Según expone el IMCO, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI no pregunta a los hombres si son padres, mientras que el IMSS tampoco lleva un registro nacional sobre los permisos de paternidad otorgados, debido a que esta prestación no forma parte de la seguridad social.
“Las implicaciones son claras: no se puede diseñar una política pública óptima sobre un fenómeno que no se mide”, advierte Muñoz en su análisis.
El documento concluye que mantener permisos breves, financiados exclusivamente por los empleadores y sin información pública sobre su utilización, perpetúa una distribución desigual de las responsabilidades de cuidado y puede contribuir a desincentivar la contratación de mujeres.
Para el IMCO, México requiere avanzar hacia un modelo con permisos de paternidad más amplios, sostenibles financieramente y respaldados por información estadística que permita evaluar su implementación y sus efectos en el mercado laboral. La investigadora concluye que el debate no debe centrarse únicamente en el costo de ampliar este derecho, sino en las consecuencias económicas y sociales de mantener un sistema que distribuye de forma desigual las responsabilidades de cuidado.
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